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Compilación de instrumentos internacionales

Para conocer más sobre los tratados internacionales a los que México está suscrito, y que pueden tener relevancia respecto a la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos, se encuentra disponible el libro Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona aplicables en México. 

http://www.scjn.gob.mx/libro/Documents/InstrumentosInternacionales_old.pdf

Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad en la SCJN

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La semana pasada la Suprema Corte de Justicia publicó en el Diario Oficial la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011 que declara inválido el requisito de ser “hijo de madre o padre mexicano por nacimiento”para poder ser Gobernador del estado de Morelos por ser contrario a la Constitución. Las razones de la invalidez que por unanimidad se votó en el Pleno, fueron que este requisito contenido en el artículo 58 de la Constitución morelense contraviene el imperativo del artículo 116, fracción I, último párrafo de la Ley Fundamental, conforme al cual basta la calidad de mexicano por nacimiento, sin referir a la nacionalidad de los padres y, en consecuencia, vulnera también el artículo 133 constitucional. Además, establece un requisito adicional o de mayor amplitud que redunda en una restricción indebida al derecho de voto pasivo (artículos 30, 32, 35, 116 y 133).

Comentarios a la sentencia de Rodrigo Diez, en El Abogado del Diablo  AQUÍ
Acompañando a dicha sentencia aparece el voto concurrente del ministro Guillermo Ortíz Mayagoitia que merece atención pues en él propone un “test” de revision constitucional que busca concretizar la resolución conocida como Caso Radilla y racionalizar el llamado control de constitucionalidad y convencionalidad.
En el caso Radilla (Varios 912/2010) la mayoría en el Pleno votó por un modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339 de la sentencia del caso Radilla vs México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CorIDH) y en los artículos 1º, 103, 105 y 133, de la Constitución que podría resumirse así:
1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravenga la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos (en el ámbito de sus competencias).
2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones.
3. Las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos.

Una explicación acerca de esta resolución AQUÍ

¿Qué es el control de constitucionalidad y de convencionalidad?
Los sistemas constitucionales normativos, como el nuestro, implican que hay una norma suprema de la cual surge todo el sistema jurídico. Es decir, la Constitución es una norma vinculante, pero también es una fuente de las demás normas del sistema. Como norma fuente la Constitución determina qué contenidos pueden tener las normas inferiores, o qué contenidos no pueden contradecir, es decir, establece los parámetros materiales para la formación de las nuevas normas. También, la Constitución establece las reglas formales para la creación de las normas inferiores, esto es, la Constitución determina quién puede crear normas, bajo qué supuestos y cómo. De esta forma, dicen los juristas, se crea una pirámide normativa, de donde se desprenden normas desde la base (lo más general), siendo la Constitución la norma suprema de todo el ordenamiento. Cada norma superior dicta las reglas materiales y formales para la validez de la norma inferior y de esta forma se crea la pirámide normativa y una cadena de validez de norma a norma. Esto se conoce como principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, mismos que se encuentran contenidos en el artículo 133 de la Constitución y en el artículo 1°. Para que una norma sea válida, es decir para que adquiera membresía en el sistema jurídico, deberá ser material y formalmente compatible con la Constitución.
Una norma que, por ejemplo, contradice algún derecho reconocido en la Constitución, sería inválida o una norma creada por una autoridad que no tiene la competencia para hacerlo, sería también inválida. De acuerdo con el principio de supremacía constitucional, se crea la revisión judicial de las normas, esto es conocido como jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es la potestad de un Tribunal como autoridad para interpretar y y revisar la compatibilidad de otras normas con las normas de la Constitución y resolver las controversias de manera definitiva. La invalidez de una norma debe ser declarada por esta autoridad, pues aunque sea “evidente” la inconstitucionalidad de una norma, ésta incompatibilidad debe ser declarada por “alguien” competente. La jurisdicción constitucional lleva a cabo el control de constitucionalidad, es decir, controla que las normas inferiores sean material y formalmente compatibles con la Constitución y en caso de no serlo, puede expulsarlas del sistema, esto es declararlas inválidas por inconstitucionalidad.
Existen principalmente dos modelos de control de constitucionalidad: el control concentrado y el control difuso. El primero, surgió después de la Segunda Guerra Mundial y es aquél que concentra toda la revisión de la validez normativa en un sólo Tribunal, un ejemplo de este modelo es Alemania, con su Tribunal Constitucional Federal. El segundo, es mucho más antiguo (S. XIX) y tiene su origen en los Estados Unidos. En el control difuso cualquier juez puede revisar la constitucionalidad de las normas, en el concentrado sólo puede hacerlo un tribunal instituido para ello. México tiene un sistema mixto, pero la única instancia competente para declarar la invalidez de las normas es la Suprema Corte a través de procedimientos especializados como la Acción de Inconstitucionalidad.
Ahora bien, el concepto de control de convencionalidad es un concepto de creación judicial bastante reciente. La Corte Interamericana lo ha recogido a partir del caso Almonacid Arellano vs. Chile de 2006 y a partir de entonces lo ha venido desarrollando. El control de convencionalidad se refiere a la revisión de congruencia entre las normas nacionales y laConvención Americana de Derechos Humanos (CADH) que deberán realizar tanto los jueces, como las autoridades de los Estados parte de la Convención. En términos de lo explicado sobre el control de constitucionalidad: el control de convencionalidad (concentrado) es competencia de la Corte Interamericana, es decir, la CorIDH únicamente puede conocer de violaciones a la Convención y no puede resolver sobre el fondo de los asuntos presentados a su consideración. Sin embargo, la tendencia hacia la creación de un derecho común de los Derechos Humanos en la región ha evolucionado de tal forma que hoy la Corte Interamericana reconoce el control difuso de la convencionalidad. Ello implica pues que, si la Convención es derecho nacional de los Estados Parte, entonces todos los jueces deberán vigilar que este sea cumplido en términos de la propia Convención (artículos 1 y 2 de la CADH).

En palabras de Ferrer Mac-Gregor: “los jueces nacionales se convierten en jueces interamericanos: en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos adicionales eventualmente de otros instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad.” Y si seguimos esta idea y la relacionamos con el control de constitucionalidad, los jueces mexicanos serán al mismo tiempo guardianes de la Constitución y guardianes de la Convención lo que implica una mejor protección y garantía de los derechos humanos.

Y aquí es donde entra el voto del ministro Ortíz Mayagoitia:

El Voto de Ortíz Mayagoitia
Propone que, en aras de darle cumplimiento a lo resuelto el verano pasado, la Corte aplique el test de constitucionalidad a las medidas que pudieran vulnerar derechos humanos. Así, explica que:

En el mismo acto legislativo se promulgó todo el artículo 58, que incorpora también otros requisitos para acceder al cargo de Gobernador del Estado de Morelos que, aunque no fueron expresamente impugnados, también debieron ser sujetos de control oficioso de constitucionalidad a la luz del texto fundamental y de los referentes internacionales, para procurar así la protección más amplia de los derechos humanos a la que está obligada toda sede jurisdiccional a partir de la sentencia resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Expediente Varios 912/2010, conocido como “Caso Radilla”. Por ese motivo, aunque comparto el sentido de la resolución, difiero de las consideraciones que se plasman en la sentencia, razón por la cual formulo este voto razonado, en el que expongo los motivos y razones que presenté ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .

Para el ministro Ortíz Mayagoitia, existen tres tipos de requisitos que la Constitución Federal puede establecer para acceder a cargos públicos:

1. tasados
2. modificables
3. agregables

Los requisitos tasados están claramente impuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que la validez de cualquier otra norma relacionada con ellos, será evidente pues no es admisible cambio, omisión o modificación alguna respecto de su contenido normativo.

Sin embargo, explica que tanto los requisitos modificables como los agregables, deben cumplir reunir tres condiciones:
1. Ajustarse a la Constitución Federal, tanto en su contenido orgánico, como respecto de los derechos humanos y los derechos políticos.
2. Guardar razonabilidad constitucionalidad en cuanto a los fines que persiguen, y
3. Deben ser acordes con los Tratados Internacionales.

Y explica que la CorIDH ha precisado ya las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha elaborado una metodología o test, en que se incluyen los siguientes aspectos que deben ser evaluados al momento de establecer requisitos o restricciones para el ejercicio de los derechos políticos, que son también derechos humanos:
a) Legalidad de la medida restrictiva
b) Finalidad de la medida restrictiva
c) Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva

Sobre el principio de proporcionalidad
Efectivamente, el approach o la manera de abordar las presuntas vulneraciones de derechos tanto por parte de la CorIDH, como por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos es esencialmente el mismo. La revisión de las medidas de acuerdo con el principio de proporcionalidad desarrollado en la dogmática alemana y utilizado en los Tribunales Constitucionales de la Europa continental. Este principio consta de las siguientes premisas:
Para que una medida pueda entenderse como justificada, el Estado tendrá que probar que:
a. tiene un fin legítimo
b. la medida que vulnera derechos es adecuada o idónea para alcanzar el fin (es decir que existe una causalidad lógica entre medio y fin)
c. que la medida es necesaria, es decir que no hay otro medio que sea adecuado para el fin y que no implique una carga menor
d. que la medida es proporcional, aquí es donde se realiza un balanceo entre derechos o entre políticas y derechos para buscar una concordancia práctica entre ambos y lograr optimizarles.

Esto implica que para realizar el control de constitucionalidad de las leyes, los jueces deberán primero examinar si la norma impugnada constituye efectivamente una posible vulneración en un derecho fundamental. Así, se deberá entonces en primer lugar detectar el derecho presuntamente vulnerado e identificar si la medida puede o no vulnerarlo. Una vez detectado ello, se deberán analizar una a una las exigencias de los subprincipios de la proporcionalidad.

1. Fin Legítimo
De acuerdo con este subprincipio toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, no prohibído explícita o implícitamente por la Constitución. 
Además, el Tribunal Constitucional debe determinar cada uno de los fines principales y secundarios de una medida legislativa, debe examinar por separado la legitimidad de cada uno de ellos y la idoneidad que revista la intervención legislativa para favorecerlos. (Páginas 689, 692 y 719 Bernal Pulido)

2. Idoneidad
Una medida adoptada por una intervención legislativa en un derecho fundamental, no es idónea, cuando no contribuye de ningún modo a la obtención de su fin inmediato.
La idoneidad de una medida adoptada por el Parlamento dependerá de que ésta guarde una relación positiva de cualquier tipo con su fin inmediato, es decir, de que facilite su realización de algún modo, con independencia de su grado de eficacia, rapidez, plenitud, seguridad. (Páginas 720 y 722 Bernal Pulido)

3. Subprincipio de Necesidad
Toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más beninga con el derecho fundamental intervenido, entre todas aquéllas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. (Página 736 Bernal Pulido)

4. Subprincipio de Proporcionalidad en Sentido Estricto
La importancia de la intervención en el derecho fundamental debe estar justificada por la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa. (Página 759 Bernal Pulido)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en el Informe Nº 38/96, caso 10.506, sobre la base de la OC-5 de la Corte Interamericana que:

“[L]a razonabilidad y proporcionalidad de una medida se pueden determinar únicamente por la vía del examen de un caso específico… Por tanto, el equilibrio de intereses que debe hacer al analizar la legitimidad de dicha medida, necesariamente requiere sujetar al Estado a una pauta más alta con respecto al interés de realizar ‘la medida y que para su ‘legitimidad… tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo de seguridad en el caso específico… no debe existir alternativa alguna” (el énfasis ha sido agregado).

Es decir, en cada caso que analice un juez se deberá realizar este ejercicio de ponderación para identificar los derechos presuntamente vulnerados y determinar si la limitación es legítima.

La Corte mexicana no es ajena a este test ni a ese tipo de razonamiento, aunque lo aplica de forma constante a medidas que presuntamente contravienen el principio de igualdad y no discriminación:

  • En la Tesis de Jurisprudencia: 2a./J. 42/2010 lo ha aplicado a casos de discriminación: IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. Asimismo en la Tesis aislada: 2a. LXXXV/2008. IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD.
  • En la Tesis aislada: 1a. LXVI/2008 la Corte se refiere a las presuntas vulneraciones de los derechos de forma genérica: RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.
  • Así como en la Tesis aislada: I.4o.A.666 A. PROPORCIONALIDAD EN LA PONDERACIÓN. PRINCIPIOS DEL MÉTODO RELATIVO QUE DEBEN ATENDERSE PARA EVALUAR LALEGITIMIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL LEGISLADOR, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE LA LITIS IMPLICA LA CONCURRENCIA Y TENSIÓN ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LIBERTAD DE COMERCIO Y LOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, AL PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA DE OBSERVANCIA GENERAL QUE PROHÍBE LA VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO.

Fundamentación del Test en el Derecho mexicano
La propuesta del Ministro Ortíz Mayagoitia se sustenta en la redacción del artículo 1° constitucional:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia.

Y en seguida, se refiere a la resolución Radilla en la que la Corte resolvió que son obligatorios los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias dictadas en juicios en los que el Estado Mexicano ha sido parte, se refiere específicamente a los párrafos 14,19,20,21,23,31 de la sentencia:

Ello significa que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Criterios Interpretativos de la Corte Interamericana, que emanan de juicios en los que México ha sido parte, son referentes normativos de carácter obligatorio para la jurisdicción constitucional mexicana, cuando ha resuelto asuntos relacionados con el goce y ejercicio de los Derechos Humanos consagrados en ese instrumento internacional. Tal es el caso que se analiza porque se refiere a los requisitos para ser gobernador del Estado de Morelos.

Así, explica en su voto que el análisis de constitucionalidad de la norma impugnada, debe tomar en cuenta forzosamente esas normas y criterios, para obtener una conclusión adecuada y conforme con los criterios de esta Suprema Corte y con los de la Corte Internacional.
La sentencia de la AI 19/2011 contempla de manera muy escueta el artículo 23 de la CADH sobre Derechos Políticos, pero definitivamente no considera el Caso Jorge Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, resuelto en agosto de 2008 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que debido a que el Estado Mexicano fue parte, la resolución y sus precedentes son obligatorios para la Corte.
En este la CorIDH se refiere a las condiciones que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la CADH, y que deben examinarse al juzgar ese tipo de normas:
a. Legalidad de la medida restrictiva,
b. Finalidad de la medida restrictiva,
c. Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva,
d. Existencia de una necesidad social imperiosa- interés público imperativo,
e. Medio idóneo menos restrictivo-requisito de proporcionalidad,
f. Proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al logro del objetivo legítimo.

Por lo anterior, argumenta el ministro Ortíz Mayagoitia, este TEST para establecer el apego de las normas a los estándares generales del derecho internacional, es la metodología jurisdiccional que a juicio de la CorIDH, debe emplearse para juzgar las normas que rigen el ejercicio de los derechos políticos.

Y en consecuencia concluye su voto explicando que:

El control oficioso de la constitucionalidad es una característica del marco constitucional propio de la Décima Epoca. En la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011, propuse la adopción expresa de esa metodología y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que al hacerla suya, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interiorice esos parámetros de forma expresa, contundente y certera a nuestro sistema de control de constitucionalidad, incluyendo la revisión oficiosa de aquéllas porciones normativas no impugnadas, pero que son evidentemente contrarias a la protección más amplia de los derechos fundamentales.

El test de proporcionalidad o racionalidad que propone Ortíz Mayagoitia es utilizado también, como arriba lo menciono, en el Tribunal Europeo, así como en el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, en ambos casos resulta una herramienta útil para el dictamen de presuntas vulneraciones de derechos ya que sistematiza su análisis y lo presenta de una manera lógica, de forma que se obtiene un silogismo: parte de la definición del derecho(s) vulnerado(s) para después analizar la justificación de tal limitación -en las facultades de la autoridad y en el ejercicio de ponderación- y se concluye si es legítima (constitucional) o no.

El voto del ministro Ortíz Mayagoitia constituye una importante aportación para la renovación metodológica que la décima época de la SCJN supone. La aplicación de este test de racionalidad con premisas muy claras permite que la argumentación del Tribunal Constitucional sea más limpia y transparente al adquirir un carácter analítico que tanta falta le hace. La legitimidad de las decisiones de la Corte descansa en buena medida en la fuerza de su argumentación. Hasta ahora las sentencias de la Corte son largos discursos que a veces resultan repetitivos y en otras ocasiones, son omisos.

Tal y como el propio ministro concluye, la necesidad de herramientas analíticas se antojan necesarias para lograr una concretización satisfactoria de los imperativos del artículo 1° y de la resolución Radilla.

Ojalá que se tome en consideración esta propuesta ahora que la Corte se avoca de nuevo al análisis de la constitucionalidad de normas sobre nacionalidad para el desempeño de funciones públicas (AI 20/2011) (está listado en segundo lugar para el día de hoy, lunes 9 de enero).

Fuente: Carlos Bernal Pulido. El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales del CEPC. Madrid, 2005.

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-treinta-y-siete-grados/2012/01/09/control-de-constitucionalidad-y-de-convencionalidad-en-la-scjn/#ixzz2PN51exjJ 

El Principio Pro Personae, muchas nueces y poco ruido

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Por Geraldina González de la Vega

La discusión en el Pleno de la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007 es una de las más complicadas que me han tocado. El Pleno discutió temas de gran importancia como Bloque de Constitucionalidad, alcance del principio pro personae y jerarquía de tratados internacionales. Al final del día se tomó una determinación muy vaga y peligrosa acerca del alcance del principio pro personae.

La Procuraduría General de la República presenta este recurso en contra de diversos artículos de la La Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán. La cuestión planteada fue que:

los órganos administrativos no tienen la facultad para imponer sanciones de carácter penal ya que no cumplen con el principio de individualización de la pena al momento de su aplicación, no tienen un rango para determinar qué sanción le corresponde de entre los máximos y mínimos, acorde a la condición desplegada

El asunto fue turnado tres veces: primero proyectó el Ministro Franco, y se discutió en 2010. En esta ocasión se votaron los considerandos primero al cuarto que se ocupan de cuestiones formales como oportunidad, competencia y legitimación. En junio de 2011, el Ministro Aguilar presentó un nuevo proyecto que tuvo que ser modificado para incluir la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, entonces, recién publicada. En aquélla ocasión la discusión se llevó tres sesiones (21, 23 y 27 de junio). El día 23 se votó por unanimidad que al estudiar la regularidad de una ley en una acción de inconstitucionalidad, sí es posible acudir a tratados internacionales no invocados por la parte actora, en cumplimiento con el párrafo primero del artículo 1°. La sesión del 27 se discutió el proyecto modificado que proponía la constitucionalidad de la norma. 6 ministros estuvieron en contra del proyecto, pero a pesar de haber una mayoría en contra, las razones eran muy diversas, por lo que se plantea el returno para reconstruir una mayoría. El proyecto de Aguilar, se desecha y se returna. Entonces, se designó como instructor al ministro Aguirre.

Los pasados días 30 y 31 de enero, y 2 y 7 de febrero, el Pleno se ocupó de nueva cuenta de este asunto. Se discutió el proyecto preparado por la ponencia del ministro Aguirre Anguiano, mismo que tampoco obtuvo una votación favorable por lo que el engrose de lo determinado recayó en el ministro Cossío.

El asunto

La Ley yucateca dispone que el padre o tutor responsable, que desatienda el programa terapéutico y de rehabilitación, establecido o determinado en favor de sus hijos, pupilos o representados; será acreedor de una amonestación con apercibimiento, en caso de reincidencia dentro de un período de un año, será acreedor a la realización de trabajos en favor de la comunidad.

El contraste se realizó entre la norma impugnada, el artículo 5to y 21 de la Constitución y los tratados internacionales aplicables, en atención al artículo1° constitucional.

Artículo 1° párrafo segundo: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Artículo 5to párrafo tercero: Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial…

Artículo 21 párrafo cuarto: Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad…

El Pleno determinó 9 votos contra 2 invalidar la norma de la Ley de Yucatán. Los ministros Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar votaron en contra por razones diversas. De los 9 votos, 3 ministros (Aguirre, Pardo y Luna) consideraron que la invalidez se daba por contradecir al artículo 21 de la Constitución. 6 ministros (Cossío, Franco, Zaldívar, Silva, Valls, Sánchez Cordero)determinaron la invalidez por contradicción con los tratados internacionales, en específico, contra el Convenio 29 de la OIT que prohíbe, con ciertas excepciones, el trabajo forzoso.

¿Por qué es importante este asunto?

El Pleno realizó un control de convencionalidad y se propone desaplicar una norma constitucional por ser contradictoria con un tratado internacional.

La discusión generada por el análisis de la constitucionalidad a la luz de los tratados de la Ley yucateca provocó que los ministros entraran a definir los alcances del nuevo artículo 1°, concretamente en tres aspectos, mismos que quedaron inconclusos:

a) Si existe un Bloque de Constitucionalidad, cuestión que fue mencionada por los ministros Zaldívar, Valls y Sánchez Cordero y vista con escepticismo por parte del ministro Cossío. Al final de cuentas no se pronunciaron sobre ello.

b) Cuál es la jerarquía entre la Constitución y los tratados internacionales, los ministros rondaron esta cuestión, inclusive se mencionó al margen el artículo 133. Zaldívar por ejemplo expuso que dicho artículo debe ser interpretado a la luz del artículo 1°, Pardo y Luna insistieron en la supremacía constitucional frente a los tratados. La cuestión tampoco se resolvió y queda intacta la determinación de que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución (tesis P. IX/2007 y acción de inconstitucionalidad 22/2009).

c) Cómo debe aplicarse el principio pro personae, consagrado en el segundo párrafo del artículo 1°, siendo este el rubro que mayor atención ocupó en la discusión del Pleno.

Para los 6, al interpretar el principio pro homine se debe realizar una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales y en consecuencia preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la más restrictiva, cuando se trate de limitarlos. A pesar de que los ministros no quisieron determinar si esto da lugar a un Bloque de Constitucionalidad, me parece que es claro que esta interpretación del artículo 1° da lugar a un conjunto de normas materialmente constitucionales.

Algunos ministros plantearon la subsidiariedad de los tratados internacionales, es decir, acudir a ellos sólo cuando sean favorables, si la Constitución basta, entonces no deben analizarse. Esta postura fue sostenida por el ponente, ministro Aguirre, el ministro Pardo y la ministra Luna.

El concepto de Bloque de Constitucionalidad proviene de Francia y fue desarrollado por Louis Favoreu. Esta idea de un bloque implica que la Constitución no es solamente su texto, sino que existen normas constitucionales –de rango constitucional- que no se encuentran textualmente en el código constitucional. El Bloque de Constitucionalidad está formado por las normas textuales contenidas en el texto constitucional, las normas de derecho internacional y aquellas que desarrolla el Tribunal Constitucional por medio de la interpretación constitucional. Es entendido como un grupo de reglas y principios que sirven como fuente y como límite. El concepto de Bloque de Constitucionalidad ayuda a sistematizar este conjunto de normas que a pesar de no formar parte del texto, gozan de fuerza normativa y jerarquía constitucional. Las normas materialmente constitucionales, es decir, aquéllas normas cuya materia es constitucional, pero no necesariamente se encuentran en el texto, son más numerosas que las normas formalmente constitucionales. Ver además los textos de: Rodrigo Uprimny y de Francisco Rubio Llorente

A mi parecer la referencia al Bloque de Constitucionalidad (o red de normas materialmente constitucionales) es necesaria cuando se habla acerca del control de convencionalidad, pues esto implica que la normalidad del sistema jurídico dependerá de su coherencia con las normas constitucionales y también, con las normas de los tratados. Es decir, existe un conjunto de normas materialmente constitucionales que determinan la validez de todas las demás.

Ahora, lo inquietante de la resolución fue el razonamiento de este grupo de 6 ministros sobre el alcance del principio pro personae.

El artículo 21 constitucional, reformado en 2008, permite a la autoridad administrativa la imposición de sanciones disciplinarias, éstas son distintas a las penas, mismas que deben ser siempre decretadas por una autoridad judicial. De acuerdo con el 21, la autoridad administrativa podrá imponer como sanciones la multa, el arresto y los trabajos a favor de la comunidad. Al realizar una “interpretación armónica” entre la Constitución y los tratados, los 6 encontraron una antinomia entre el Convenio 29 de la OIT y el articulo 21.

Sin embargo, el Convenio además de que implica una protección más amplia a los derechos, como el párrafo segundo del artículo 1° mandata, contradice al artículo 21.

Es decir, los 6 ministros encontraron una incompatibilidad entre ambas normas y atendiendo al principio pro personae, optaron por el Convenio de la OIT, desaplicando la norma constitucional.

Se llegó a la conclusión de que a la luz del principio pro personae, deben analizarse siempre los tratados internacionales, cuando se esté ante un asunto relacionado con derechos humanos, independientemente de la vía (Amparo, Acción de Inconstitucionalidad, Controversia Constitucional). Ello, es pacífico pues es una concretización del nuevo artículo 1°.

El problema está en los argumentos para la inaplicación de una norma constitucional por ser contradictoria con un tratado internacional.

Para mi gusto el análisis y contraste de ambas normas fue muy elemental, no hubo un contraste serio y profundo entre el significado de trabajo forzoso del Convenio, su objeto y finalidad, sus ámbitos temporal, material, personal, espacial y la finalidad y objeto del trabajo a favor de la comunidad del artículo 21. Creo que se debió prestar mayor atención a lo argumentado por el ministro Aguilar.

Cuando se está ante una antinomia, para determinar qué norma debe aplicarse, el intérprete debe realizar una serie de operaciones que no encontré en las versiones estenográficas del Pleno, se antoja totalmente indispensable una justificación amplia si la norma que se va a inaplicar es una norma constitucional y no solamente la declaración de que “se prefiere el Convenio por ser más amplio”. ojono digo que no se haga, digo que se justifique de forma robusta. Esperemos al engrose.

Una antinomia implica que existe una incompatibilidad de normas, no pueden coexistir por ser incompatibles en un sistema jurídico pues lastiman los principios de coherencia y unidad. Ambas normas –constitucional e internacional de los derechos humanos-, por su jerarquía, son presupuesto de validez de todos los actos y leyes del sistema jurídico mexicano (ver además Radilla), la resolución de la Corte en esta acción de inconstitucionalidad no declara inválida la norma constitucional, pero en adelante no volverá a ser aplicada pues es incompatible con el Convenio 29, de manera que perderá efectividad. ¿Qué pasa con las demás leyes que establezcan este tipo de sanciones?

La Corte se arroga en Poder Revisor y aunque se trata de la protección más amplia de derechos humanos, se corre el riesgo de vaciar de contenido a la Constitución al inaplicar sin justificación alguna sus normas por considerarlas restrictivas.

A pesar de que intentaron tapar el sol con un dedo, diciendo que no se trataba de un problema de jerarquía ni mucho menos intentaban invalidar una norma constitucional, me parece que la determinación del grupo de los 6 deja muchas dudas que deberán ser resueltas en el engrose o en los votos concurrentes que realicen los jueces constitucionales.

No está mal que se invalide una norma constitucional que de forma injustificada limita derechos y es más restrictiva que una norma internacional, lo que está mal, a mi parecer, es que no se fijen las reglas y principios para hacerlo.

Además, tampoco se realizó un análisis sobre si la limitación del derecho al trabajo por la vía de la sanción administrativa es justificada y razonable. Simplemente se partió de que al ser más restrictiva era inaplicable. Eso es un error.

Los límites a los derechos son necesarios, siempre y cuando sean racionales y estén debidamente justificados. Tampoco podemos caer en una tiranía de los derechos.

Las cuestiones que a mi parecer quedan sin aclarar son:

  • ¿Cuál es el sentido del artículo 1° en cuanto a restricción o límites a los derechos? Problema: si la Constitución restringe y el tratado amplía, ¿se aplica el principio pro personae inaplicando siempre la Constitución? Por otro lado, si se acepta que la Constitución puede siempre restringir, entonces ¿siempre “gana” esta regla y no se aplica el principio pro personae?
  • Reglas para la concretización de los principios contenidos en el tercer párrafo.
  • Si el principio pro personae establece que siempre debe favorecerse la interpretación más amplia, ¿Qué sucede cuando un tratado contradice –por ser más favorable a los derechos humanos que- una norma constitucional? Criterios.
  • Si se encuentra una antinomia entre una norma de derechos humanos constitucional y una contenida en tratados internacionales, qué operaciones deben realizarse para determinar si efectivamente existe una contradicción entre dos normas y bajo qué reglas se debe resolver.
  • ¿Se debe invocar el tratado internacional para buscar la interpretación más favorable (alcance de un precepto), pero también para el control de regularidad (validez de una norma)?
  • ¿Cuál es la metodología para el análisis de los tratados internacionales? ¿Cómo se eligen, cómo se determina cuáles deben aplicarse al caso concreto?
  • ¿Hay un Bloque de Constitucionalidad, una red o un concentrado de normas materialmente constitucionales que gozan de la misma jerarquía? ¿tienen diversa jerarquía?
  • ¿Cuál es la regla o reglas sobre conflictos y límites dentro de ese Bloque? Es decir, ¿cómo se resuelve un conflicto normativo dentro del Bloque cuando para la interpretación de normas de derechos humanos se presenta la incompatibilidad entre normas formalmente constitucionales (textualmente contenidas en la Constitución) y normas materialmente constitucionales (incorporadas por vía del artículo 1°)

No estamos ante el resultado de una ponderación entre dos principios, donde lo que se busca es que ambos desplieguen sus efectos lo más posible (Concordancia Práctica/óptimo de Pareto). Estamos ante la elección entre dos normas, entonces:

  • Los ministros hablaron de elegir una norma ¿qué diferencia hay entre elegir, invalidar, privilegiar, preferir? ¿Hay diferencias entre validez y efectividad?
  • ¿Qué implicaciones tiene la inaplicación de una norma constitucional? ¿Sigue siendo válida, pero inefectiva? ¿Es vigente pero no se aplica? –¿Es una invasión de poderes?
  • ¿Esta decisión anula la facultad del Poder Revisor de limitar derechos (de forma proporcional)?
  • ¿Cuál es el alcance del artículo 133 interpretado a la luz del artículo 1°?
  • ¿Qué pasa con el arraigo y la extinción de dominio? Por mencionar tan sólo dos normas formalmente constitucionales que se consideran contrarias a los derechos humanos.

Por último una pregunta que no compete responder a la Corte, sino a nosotros:

¿Es deseable que el Tribunal Constitucional se arrogue facultades de Poder Revisor?

Extraído de…

http://vivirmexico.com/2012/02/la-corte-al-dia-el-principio-pro-personae-muchas-nueces-y-poco-ruido

A un año de las reformas constitucionales, un recuento

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En junio de 2011, se publicaron dos importantísimas reformas constitucionales en el Diario Oficial dela Federación: el día 6 la reforma de Amparo y el día 10, la reforma de Derechos Humanos, ambas vinieron a transformar el sistema de derechos en el país.

A un año de su promulgación todavía hacen falta casi todas las leyes reglamentarias, siendo la Ley de Amparo una de las carencias más importantes. Ello contraviene el artículo segundo transitorio del decreto del 6 de junio. El Poder Judicial ha emitido una serie de acuerdos para aplicar las normas constitucionales en materia de amparo ante la falta de legislación, pero aún así, existe falta de certeza en la aplicación de la vigente Ley con apego ala Constitución.

Es preocupante que estas tan importantes reformas queden truncadas -como la reforma penal, no menos importante- por el descuido de legisladores que prefieren colocar mantas en tribuna –o irse de vacaciones- en lugar de expedir las leyes necesarias para concretizar normas constitucionales. Constitucionalizar derechos u obligaciones no es un acto de magia, las normas requieren desarrollo y concretización, de otra forma todas las buenas intenciones que se tuvieron para ampliar el reconocimiento, protección, promoción y garantía de nuestros derechos quedará, de nuevo, en el aire.

Las siguientes leyes deberían de haberse publicado antes del 10 de junio de 2012:

  • Ley sobre reparación de la violación a los derechos humanos reglamentaria del artículo 1°
  • Ley sobre asilo del artículo 11
  • Ley reglamentaria del artículo 29
  • Ley reglamentaria del artículo 33
  • La adecuación de la normativa dela CNDHy de las comisiones de derechos humanos locales.

En abril pasado se aprobó por ambas cámaras la Ley General de Víctimas, reglamentaria del artículo 1° que garantiza acceso a sus derechos y a la reparación a las personas que hayan sufrido violaciones de derechos por hechos provenientes de delitos o de violación de derechos humanos que, en forma directa o indirecta, sean producto de la violencia. Sin embargo, por la restricción a las víctimas de hechos violentos o delitos, deberá ser complementada con otra que contemple todas las demás violaciones a los derechos humanos.

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos se trabajó desde la LX Legislatura, senadores y diputados se encargaron, desde noviembre de 2006, de rediseñar la “parte dogmática” de la Constitución para darle un mayor alcance y protección a los derechos humanos en México. El trabajo que se realizó, fue acomodando las iniciativas y propuestas de cada grupo parlamentario, pieza por pieza, en el cuerpo normativo de nuestra Constitución para darle sentido y unidad. Ninguna reforma es perfecta y acabada, las normas constitucionales son siempre perfectibles y para eso existen tanto la reforma como la vía ordinaria para adecuarlas y darles sentido: la interpretación. Por supuesto que el Poder Revisor debe aspirar a la perfección, pero sabemos que una modificación constitucional es un acto humano.

Al parecer de muchos expertos, la reforma es de gran calidad e incorpora lo mejor de la doctrina contemporánea de los derechos humanos.

Al parecer de muchos ciudadanos la reforma es un avance importantísimo en el reconocimiento, garantía y protección de nuestros derechos.

El 29 de agosto, el Pleno de la Suprema Corte aprobó un acuerdo que fue publicado el 12 de septiembre, que la décima época entraría en vigor el día 4 de octubre, dada la relevancia de dichas reformas.

“La Décima Época del Semanario Judicial dela Federaciónse iniciará con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las Salas dela Suprema Cortede Justicia, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, derivada de las sentencias dictadas a partir del 4 de octubre de 2011, de los votos relacionados con éstas, de las tesis respectivas y de las diversas ejecutorias emitidas a partir de esa fecha”

La decisión más relevante post-reforma, fue la conocida como Radilla (varios 912/2010) en dondela Corte interpreta por primera vezla Constitución a la luz de una sentencia dela Corte Interamericana que condena a México. Del expediente Varios 912/2010 se desprenden las siguientes resoluciones:

1) Las sentencias condenatorias contra el Estado Mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos (unánime)

2) Los criterios interpretativos (jurisprudencia) dela CorIDHson orientadores para el Poder Judicial dela Federación cuando México no sea parte de los casos que generan dicha jurisprudencia (6 votos)

3) El Poder Judicial dela Federacióndebe ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas yla Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. (7 votos)

4) Que la obligación de realizar el control de convencionalidad es para todos los jueces del Estado Mexicano. (7 votos).

5) Que del contenido de los párrafos337 a342 de la sentencia (capítulo de reparaciones) bajo análisis existen obligaciones para los jueces del Estado mexicano de ejercer el control de convencionalidad (unanimidad con salvedades, 10 votos, la Min Luna ausente por comisión)

Por otro lado, está pendientes de resolverse enla Cortedos controversias de tesis que darían sentido al nuevo sistema de derechos que la reforma diseña: la 293/2011 y la 21/2011. En ellas, se plantean las cuestiones sobre bloque de constitucionalidad, jerarquía de tratados internacionales, vinculatoriedad de precedentes dela Corte Interamericana.

La 293 quedó pendiente de votación pues no se alcanzaba la mayoría para aprobarlas.

La 21 fue retirada para modificación, pero trata sobre jerarquía entre Constitución y tratados internacionales e interpretación de los artículos 1° y 133.

De la resolución de ambas contradicciones se obtendrán los criterios jurisprudenciales sobre el alcance del artículo 1° interpretado en conjunción con el 133.

Durante el último año la Corte resolvió varios asuntos relevantes para la definición de los alcances de la reforma, entre ellos están:

Los amparos en revisión 151, 197, 199, 205, 198, 204, 230, 276, 200, 202, 152 y 203 todos de 2011. En ellos, el Pleno dela Corte determinó:

  1. El sentido del penúltimo párrafo del artículo 18. Es decir, la Corte al interpretar esa norma determinó que existe un derecho fundamental a cumplir con una pena de prisión en el centro más cercano al domicilio.
  2. Se confirmó la dogmática de límites de los derechos fundamentales, a saber:
    I. La autoridad debe ser competente.
    II. Los límites deben estar justificados, formal y materialmente:
    a) solamente puede limitarse un derecho por la vía legislativa; b) la norma analizada además contiene una reserva de ley incondicionada–que no ha sido expedida; c) que este derecho, además, contiene límites inmediatos (delincuencia organizada o requerimento de medidas especiales de seguridad); y d) que además se aceptan los límites inmanentes, es decir, que podría limitarse el derecho en caso de que colisione con derechos de tercero o con valores de rango constitucional.

El voto particular del Ministro Ortiz Mayagoitia de la Acciónde Inconstitucionalidad 19/2011, en donde propone un test de constitucionalidad y convencionalidad para el contraste de normas.

La Acción de Inconstitucionalidad 155/2007 (inaplicación norma constitucional) me parece una de las resoluciones más relevantes sobre el tema. En él, la mayoría determinó inaplicar una norma constitucional en atención al principio pro personae por considerar que existía una norma en un tratado internacional más protectora. Para los 6 del bloque mayoritario, al interpretar el principio pro homine se debe realizar una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto enla Constitución como en los Tratados Internacionales y en consecuencia preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la más restrictiva, cuando se trate de limitarlos.

A pesar de que los ministros no quisieron determinar si esto da lugar a un Bloque de Constitucionalidad, me parece que es claro que esta interpretación del artículo 1° da lugar a un conjunto de normas materialmente constitucionales.

También, la Primera Salaresolvió la contradicción de tesis 259/2011 acerca del control de convecionalidad y resolvió de manera favorable a éste, por lo que la Jurisprudencia sobre el control de convencionalidad está ya en proceso de formación. Tesis Jurisprudencial 18/2012 (10ª) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD

A pesar de que la resolución Radilla deja sin efectos las tesis de jurisprudencia P./J. 73/99 y P./J. 74/99 que prohibían el control difuso de la constitucionalidad por otros jueces de rango inferior a la Corte (ver: tesis resolución Radilla) es necesario formar nueva jurisprudencia para determinar los criterios del control constitucional difuso y del control de convencionalidad.

Ver también, las tesis:

Tesis aislada III.4o.(III Región) 4 K (10a.). PROGRESIVIDAD. CÓMO DEBE INTERPRETARSE DICHO PRINCIPIO POR LAS AUTORIDADES A PARTIR DE LA REFORMA QUE SUFRIÓ EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.

Tesis aislada VI.3o.A.3 A (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA Y PRO HOMINE. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS TIENEN OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE APLICAR ESOS PRINCIPIOS AL MOMENTO DE PROVEER SOBRE EL DESAHOGO DE UN REQUERIMIENTO (REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EL 10 DE JUNIO DE 2011).

Tesis aislada 1a. XIX/2011 (10a.) PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.

Tesis aislada VI.1o.A.15 A (10a.) AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ANTE UNA INCONGRUENCIA EN RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE LA AMPLITUD DE SUS FACULTADES, DEBE CONSIDERARSE QUE PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA.

Tesis aislada P. LXIX/2011(9a.) PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Tesis aislada P. LXVIII/2011 (9a.) PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Tesis aislada P. LXVII/2011(9a.) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.

Tesis aislada III.4o.(III Región) 2 K (10a.) CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.

Tesis aislada III.4o.(III Región) 5 K (10a.) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERCERLO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES.

Tesis aislada III.4o.(III Región) 1 K (10a.) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. DEBE EJERCERSE DE OFICIO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tesis aislada VI.1o.A.5 K (10a.) DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.

Tesis JURISPRUDENCIA I.9o.P. J/1 (10a.) SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y 1a./J. 26/2003).

Tesis aislada XVI.1o.A.T.1 K (10a.) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA, DEBEN EFECTUARLO RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE AMPARO.

Tesis aislada VI.1o.A.7 A (10a.) DERECHOS HUMANOS. EL RELATIVO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA DEBE SER ANALIZADO A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE FAVOREZCA EN TODO MOMENTO A LAS PERSONAS (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL -PRINCIPIO PRO HOMINE-).

Tesis aislada VI.1o.A.19 A (10a.) DERECHO HUMANO DE PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TUTELARLO Y A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE O PROHOMINE DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE SI LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTAMENTE AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN QUE LE NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA.

Tesis aislada XVIII.3o.1 K (10a.) PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS.

Tesis aislada VI.1o.A.18 A (10a.) RENTA. LA INTERPRETACIÓN QUE ATENTO AL PRINCIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONAE SE HAGA DEL ARTÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO, PARTE FINAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO LLEGA AL EXTREMO DE ESTABLECER VERDADEROS SUPUESTOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA QUE CARECEN DE SUSTENTO LEGAL.

Tesis aislada 2a. XXXIV/2012 (10a.) DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE SOBRE ÉSTOS CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Así mismo, los proyectos de resolución y los engroses contienen ya en análisis y contraste de los derechos humanos reconocidos vía tratados internacionales. Así por mencionar los casos más sonados del último año, las acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009 sobre personalidad desde la concepción, el amparo directo 28/2010, conocido como el caso La Jornada vs. Letras Libres o el amparo directo en revisión 517/2011 de Florence Cassez.

*Por favor, si echas de menos alguna tesis o asunto relevante para la interpretación de las reformas, coméntalo abajo para que se incluya. Gracias*

Un breve recuento de lo que me parece más importante de las dos reformas:

Se cambia la denominación de garantías individuales por la de derechos humanos, la cual no es sólo de nombre, sino se trata de un concepto mucho más amplio:

El concepto de “garantías individuales” que nuestra Constitución refiere ha sido rebasado por el desarrollo de la teoría de la constitución y el Derecho internacional y el uso preferente en dichas áreas de los conceptos de derechos humanos y derechos fundamentales. Se dice que la diferencia entre los primeros y los segundos estriba en que los derechos humanos son inherentes a la persona, no son otorgados por el Estado sino reconocidos por éste, es decir son universales y anteriores. Los derechos fundamentales son aquellos que la sociedad regulada a través de una Constitución considera básicos o fundamentales para su convivencia y suelen coincidir con los derechos humanos, aunque pueden ser más. Los derechos humanos no necesitan encontrarse positivados en una ley para ser exigidos. Entonces el problema consiste no en poseerlos, sino en hacerlos valer, es decir tener medios para exigirlos, o garantías.

En México, el Constituyente de 1917 para nombrar al título I, optó por el término “Garantías Individuales” cambiando el de “Derechos del Hombre” que refería la de 1857. La razón fue que durante esta época la concepción del Derecho se basaba en teorías positivistas (Kelsen) o decisionistas (Schmitt) que justificaban esta idea y rechazaban el iusnaturalismo. Es ya clásica la aclaración sobre el concepto que hiciera el constitucionalista Jorge Carpizo: “mientras que los derechos del hombre son ideas generales y abstractas, las garantías, que son su medida, son ideas individualizadas y concretas.” El problema del término dela Constituciónde ’17 y con el que vivimos hasta hoy, es que se refiere a las garantías que el Estado mexicano otorga y no a un concepto amplio de derechos que nos pertenecen por el solo hecho de ser personas. De manera que nuestros derechos se limitan a las garantías que el Estado nos da por la vía normativa (lea el artículo 1° y lo verá).

También, la reforma amplía derechos en la medida en que se incluyen a nivel constitucional todos los reconocidos por la vía de los tratados internacionales, ello implica que podrán controlarse las normas y actos respecto de su conformidad con todos estos derechos y no sólo con las garantías individuales, como hasta ahora.

A través de la reforma se establece un bloque de constitucionalidad, es decir, se logra la sistematización jurídica de todas las normas materialmente constitucionales, esto es, todas aquellas normas que por su materia, tienen carácter constitucional (derechos humanos u organización del Estado). Antes, esto debía ser definido porla Suprema Cortepor la vía interpretativa (jerarquía de tratados, objeto del Juicio de Amparo o facultades dela Comisión Nacionalde los Derechos Humanos con respecto ala Acciónde Inconstitucionalidad) ahora la norma constitucional, textualmente, reconoce todos los derechos humanos como jerárquicamente iguales que ella.

Se introducen principios para la interpretación de los derechos tales como: el pro homine, que establece que la interpretación jurídicaØ siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la interpretación extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos (amparo en revisión 307/2007), así como la interpretación conforme, la que implica que cuando el intérprete tenga varias posibilidades para interpretar una norma, deberá privilegiar aquella que mejor se apegue ala Constitución. En este caso, la que mejor se apegue a las normas sobre derechos humanos (amparo directo en revisión 917/2009).

Se precisa la vinculación directa de las autoridades a los derechos y la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, ello implica que los derechos son inmediatamente vigentes y que éstos deberán ser tomados en consideración siempre en el desarrollo de las tareas propias de cada autoridad, es decir, no hace falta una norma que se los especifique. Además, la autoridad deberá respetar siempre los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad al concretizar los derechos. Ello quiere decir que los derechos son para todos sin excepción, los derechos se encuentran encadenados y dependen unos de otros, los derechos no pueden reconocerse de manera fragmentada y debe prohibirse cualquier retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos.

Se apuntala lo anterior, mediante la obligación al Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Se trata de una garantía de protección jurisdiccional de los derechos reconocidos donde caben el juicio de Amparo o el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Esto implica que, por un lado, la autoridad no solamente debe abstenerse de limitar y permitir el ejercicio de los derechos, sino que además debe realizar acciones positivas para protegerlos. La autoridad deberá realizar tareas para prevenir las violaciones a los derechos, ello implica que en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades deberán promover su respeto. La adición de éste párrafo al artículo 1° requerirá de ulterior desarrollo vía una ley reglamentaria, especialmente para efectos de la reparación.

Lo anterior, implica no solamente el reconocimiento del principio de vinculación a los derechos humanos, materiales y formales, sino el ingreso formal de la función objetiva de los derechos en el sistema mexicano. Esto implica que los derechos ya no son entendidos simplemente como garantías frente al Estado, sino que son vistos como valores que irradian a todo el sistema jurídico. Es decir, en el ejercicio de las competencias legislativas, ejecutivas o jurisdiccionales, la autoridad sólo podrá actuar dentro del ámbito permitido por los derechos. Con esta inclusión los derechos se convierten en barreras o en normas de competencia negativa. Con ello cambia la perspectiva, los derechos continúan siendo garantías para la persona, mientras que para el Estado, se convierten en límites. Por otro lado, la concepción valorativa de los derechos implica que éstos serán entendidos como decisiones de valor objetivo bajo los cuales el orden jurídico debe crearse, aplicarse e interpretarse. Se entiende pues que los derechos son el sistema de valores de la comunidad y que el Estado es responsable de ellos. Y esa responsabilidad, implica, también, acciones positivas por parte de las autoridades.

A través de esta reforma se traslada ala Comisión Nacionalde los Derechos Humanos (CNDH) la facultad de investigación de violaciones graves a las garantías individuales (con la reforma se cambia también la denominación) que hasta ahora pertenece ala Suprema Corte(artículo 97). Con esta modificación se libera ala Cortede una facultad que hasta ahora minaba su legitimidad, y se amplía el alcance dela CNDHen su tarea defensora, otorgándole también la facultad de presentar las denuncias correspondientes. Además se establece que las autoridades estarán obligadas a fundar, motivar y hacer pública su negativa a las recomendaciones, lo cual refuerza el trabajo dela CNDHy afianza la idea del poder de la opinión pública detrás del Ombudsman.

Todo lo anterior se vincula directamente con el rediseño del juicio de Amparo, pues se amplía el objeto del recurso al incluirse las violaciones a los derechos humanos reconocidos por la vía de los tratados internacionales. Además, ahora el Amparo podrá interponerse no sólo contra actos y leyes, sino contra normas generales (concepto más amplio) y contra omisiones de la autoridad, ello se traduce en la garantía jurisdiccional de la vinculación de las autoridades a los derechos humanos que se modifica en el artículo 1° y que arriba comenté.

Otra novedad de la reforma es la figura del interés legítimo. Antes, para poder participar en un proceso de Amparo, se debía demostrar que el derecho lastimado estaba protegido por alguna norma, por ello se llamaba interés jurídico. El cambio significa que con la reforma se podrá reclamar por la vía del Amparo la potencial violación a un derecho que debería estar protegido por la ley (ver también El nuevo juicio de amparo del Ministro Cossío en El Universal).

Un cambio ineludible era el del principio de relatividad de las sentencias o lo que es conocido como la fórmula Otero que reza: las sentencias de amparo se ocupan de individuos particulares y no tienen efectos generales. Con la reforma,la Cortepodrá –después de dos sentencias- emitir una declaración general de inconstitucionalidad de una norma general que viole derechos, lo que garantiza la unidad y la coherencia del sistema jurídico. Una de las cuestiones que preocupan en el tema del Amparo de los Intelectuales sería precisamente los efectos de declarar inconstitucional una reforma constitucional por la vía del Amparo.

Hasta aquí los cambios que me parecen más significativos, sin que ello quiera decir que las demás modificaciones e innovaciones sean menores. Más bien se trata de cuestiones de detalle o técnicas.

Ambas reformas hacen justiciables los derechos humanos reconocidos vía tratados, esto quiere decir que adquieren protección y reconocimiento a nivel constitucional y que podrán ser objeto del juicio de Amparo o dela Acciónde Inconstitucionalidad.

Con esta reforma -y su correcta implementación- México entrará de lleno al escenario internacional y contemporáneo de la protección de los derechos humanos. Es cierto que la reforma por sí sola no generará ningún cambio si los destinatarios de ella no la hacen realidad, pero la verdad es que la Constituciónes una norma de todos, no sólo de las autoridades. De manera que si queremos vivir verdaderamente en el tiempo de los derechos (Norberto Bobbio), nosotros, los titulares de ellos, debemos ser los responsables de cuidar y exigir la garantía de los derechos, y no sólo de los nuestros, sino de los de todos.

Para hacer realidad la norma constitucional, hay que hacerla vigente y efectiva, es decir, entenderla como un acto de voluntad siempre actual y no solamente como un acto legislativo. Una Constitución no es más que la formulación de lo que a través del consenso se logra en una asamblea constituyente. En realidad la vigencia dela Constitución descansa en la fuerza normativa de ésta, es decir, en su capacidad de regular y disponer efectivamente en la realidad.

Por ello, hace falta no solamente que los legisladores hagan su trabajo y emitan las leyes necesarias, sino que además adecuen todas aquellas que contradicen la reforma. Es indispensable que todos los legisladores dela Repúblicahagan lo mismo. Se requiere que los jueces de todos los niveles y de todos los ámbitos hagan el examen de constitucionalidad (que incluye convencionalidad) cada vez que interpretan una norma. Es necesario que las autoridades administrativas en cada acto y en cada norma que emitan, tomen en consideración la jerarquía normativa. Se precisa que cada abogado o defensor exija una interpretación acorde conla Constitución, aún y cuando se trate de normas administrativas. Es conveniente que cada persona esté conciente de los derechos que tiene, que se apropie de ellos, que los exija en cada relación con la autoridad.

Las reformas, las normas jurídicas, no son varitas mágicas, se requiere voluntad de hacerlas valer. Por ello, si aspiramos a ser un Estado constitucional, debemos tomárnoslo en serio. En estas líneas, reconozco a la Corte, la que a pesar del escepticismo de algunos de sus ministros[1], se ha tomado muy en serio la reforma, a diferencia de los legisladores y el Gobierno Federal.

Desde…

http://www.animalpolitico.com/blogueros-treinta-y-siete-grados/2012/06/06/a-un-ano-de-las-reformas-constitucionales-un-recuento/#axzz2Ouh6I8Wc

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