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En junio de 2011, se publicaron dos importantísimas reformas constitucionales en el Diario Oficial dela Federación: el día 6 la reforma de Amparo y el día 10, la reforma de Derechos Humanos, ambas vinieron a transformar el sistema de derechos en el país.

A un año de su promulgación todavía hacen falta casi todas las leyes reglamentarias, siendo la Ley de Amparo una de las carencias más importantes. Ello contraviene el artículo segundo transitorio del decreto del 6 de junio. El Poder Judicial ha emitido una serie de acuerdos para aplicar las normas constitucionales en materia de amparo ante la falta de legislación, pero aún así, existe falta de certeza en la aplicación de la vigente Ley con apego ala Constitución.

Es preocupante que estas tan importantes reformas queden truncadas -como la reforma penal, no menos importante- por el descuido de legisladores que prefieren colocar mantas en tribuna –o irse de vacaciones- en lugar de expedir las leyes necesarias para concretizar normas constitucionales. Constitucionalizar derechos u obligaciones no es un acto de magia, las normas requieren desarrollo y concretización, de otra forma todas las buenas intenciones que se tuvieron para ampliar el reconocimiento, protección, promoción y garantía de nuestros derechos quedará, de nuevo, en el aire.

Las siguientes leyes deberían de haberse publicado antes del 10 de junio de 2012:

  • Ley sobre reparación de la violación a los derechos humanos reglamentaria del artículo 1°
  • Ley sobre asilo del artículo 11
  • Ley reglamentaria del artículo 29
  • Ley reglamentaria del artículo 33
  • La adecuación de la normativa dela CNDHy de las comisiones de derechos humanos locales.

En abril pasado se aprobó por ambas cámaras la Ley General de Víctimas, reglamentaria del artículo 1° que garantiza acceso a sus derechos y a la reparación a las personas que hayan sufrido violaciones de derechos por hechos provenientes de delitos o de violación de derechos humanos que, en forma directa o indirecta, sean producto de la violencia. Sin embargo, por la restricción a las víctimas de hechos violentos o delitos, deberá ser complementada con otra que contemple todas las demás violaciones a los derechos humanos.

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos se trabajó desde la LX Legislatura, senadores y diputados se encargaron, desde noviembre de 2006, de rediseñar la “parte dogmática” de la Constitución para darle un mayor alcance y protección a los derechos humanos en México. El trabajo que se realizó, fue acomodando las iniciativas y propuestas de cada grupo parlamentario, pieza por pieza, en el cuerpo normativo de nuestra Constitución para darle sentido y unidad. Ninguna reforma es perfecta y acabada, las normas constitucionales son siempre perfectibles y para eso existen tanto la reforma como la vía ordinaria para adecuarlas y darles sentido: la interpretación. Por supuesto que el Poder Revisor debe aspirar a la perfección, pero sabemos que una modificación constitucional es un acto humano.

Al parecer de muchos expertos, la reforma es de gran calidad e incorpora lo mejor de la doctrina contemporánea de los derechos humanos.

Al parecer de muchos ciudadanos la reforma es un avance importantísimo en el reconocimiento, garantía y protección de nuestros derechos.

El 29 de agosto, el Pleno de la Suprema Corte aprobó un acuerdo que fue publicado el 12 de septiembre, que la décima época entraría en vigor el día 4 de octubre, dada la relevancia de dichas reformas.

“La Décima Época del Semanario Judicial dela Federaciónse iniciará con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las Salas dela Suprema Cortede Justicia, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, derivada de las sentencias dictadas a partir del 4 de octubre de 2011, de los votos relacionados con éstas, de las tesis respectivas y de las diversas ejecutorias emitidas a partir de esa fecha”

La decisión más relevante post-reforma, fue la conocida como Radilla (varios 912/2010) en dondela Corte interpreta por primera vezla Constitución a la luz de una sentencia dela Corte Interamericana que condena a México. Del expediente Varios 912/2010 se desprenden las siguientes resoluciones:

1) Las sentencias condenatorias contra el Estado Mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos (unánime)

2) Los criterios interpretativos (jurisprudencia) dela CorIDHson orientadores para el Poder Judicial dela Federación cuando México no sea parte de los casos que generan dicha jurisprudencia (6 votos)

3) El Poder Judicial dela Federacióndebe ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas yla Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. (7 votos)

4) Que la obligación de realizar el control de convencionalidad es para todos los jueces del Estado Mexicano. (7 votos).

5) Que del contenido de los párrafos337 a342 de la sentencia (capítulo de reparaciones) bajo análisis existen obligaciones para los jueces del Estado mexicano de ejercer el control de convencionalidad (unanimidad con salvedades, 10 votos, la Min Luna ausente por comisión)

Por otro lado, está pendientes de resolverse enla Cortedos controversias de tesis que darían sentido al nuevo sistema de derechos que la reforma diseña: la 293/2011 y la 21/2011. En ellas, se plantean las cuestiones sobre bloque de constitucionalidad, jerarquía de tratados internacionales, vinculatoriedad de precedentes dela Corte Interamericana.

La 293 quedó pendiente de votación pues no se alcanzaba la mayoría para aprobarlas.

La 21 fue retirada para modificación, pero trata sobre jerarquía entre Constitución y tratados internacionales e interpretación de los artículos 1° y 133.

De la resolución de ambas contradicciones se obtendrán los criterios jurisprudenciales sobre el alcance del artículo 1° interpretado en conjunción con el 133.

Durante el último año la Corte resolvió varios asuntos relevantes para la definición de los alcances de la reforma, entre ellos están:

Los amparos en revisión 151, 197, 199, 205, 198, 204, 230, 276, 200, 202, 152 y 203 todos de 2011. En ellos, el Pleno dela Corte determinó:

  1. El sentido del penúltimo párrafo del artículo 18. Es decir, la Corte al interpretar esa norma determinó que existe un derecho fundamental a cumplir con una pena de prisión en el centro más cercano al domicilio.
  2. Se confirmó la dogmática de límites de los derechos fundamentales, a saber:
    I. La autoridad debe ser competente.
    II. Los límites deben estar justificados, formal y materialmente:
    a) solamente puede limitarse un derecho por la vía legislativa; b) la norma analizada además contiene una reserva de ley incondicionada–que no ha sido expedida; c) que este derecho, además, contiene límites inmediatos (delincuencia organizada o requerimento de medidas especiales de seguridad); y d) que además se aceptan los límites inmanentes, es decir, que podría limitarse el derecho en caso de que colisione con derechos de tercero o con valores de rango constitucional.

El voto particular del Ministro Ortiz Mayagoitia de la Acciónde Inconstitucionalidad 19/2011, en donde propone un test de constitucionalidad y convencionalidad para el contraste de normas.

La Acción de Inconstitucionalidad 155/2007 (inaplicación norma constitucional) me parece una de las resoluciones más relevantes sobre el tema. En él, la mayoría determinó inaplicar una norma constitucional en atención al principio pro personae por considerar que existía una norma en un tratado internacional más protectora. Para los 6 del bloque mayoritario, al interpretar el principio pro homine se debe realizar una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto enla Constitución como en los Tratados Internacionales y en consecuencia preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la más restrictiva, cuando se trate de limitarlos.

A pesar de que los ministros no quisieron determinar si esto da lugar a un Bloque de Constitucionalidad, me parece que es claro que esta interpretación del artículo 1° da lugar a un conjunto de normas materialmente constitucionales.

También, la Primera Salaresolvió la contradicción de tesis 259/2011 acerca del control de convecionalidad y resolvió de manera favorable a éste, por lo que la Jurisprudencia sobre el control de convencionalidad está ya en proceso de formación. Tesis Jurisprudencial 18/2012 (10ª) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD

A pesar de que la resolución Radilla deja sin efectos las tesis de jurisprudencia P./J. 73/99 y P./J. 74/99 que prohibían el control difuso de la constitucionalidad por otros jueces de rango inferior a la Corte (ver: tesis resolución Radilla) es necesario formar nueva jurisprudencia para determinar los criterios del control constitucional difuso y del control de convencionalidad.

Ver también, las tesis:

Tesis aislada III.4o.(III Región) 4 K (10a.). PROGRESIVIDAD. CÓMO DEBE INTERPRETARSE DICHO PRINCIPIO POR LAS AUTORIDADES A PARTIR DE LA REFORMA QUE SUFRIÓ EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.

Tesis aislada VI.3o.A.3 A (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA Y PRO HOMINE. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS TIENEN OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE APLICAR ESOS PRINCIPIOS AL MOMENTO DE PROVEER SOBRE EL DESAHOGO DE UN REQUERIMIENTO (REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EL 10 DE JUNIO DE 2011).

Tesis aislada 1a. XIX/2011 (10a.) PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.

Tesis aislada VI.1o.A.15 A (10a.) AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ANTE UNA INCONGRUENCIA EN RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE LA AMPLITUD DE SUS FACULTADES, DEBE CONSIDERARSE QUE PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA.

Tesis aislada P. LXIX/2011(9a.) PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Tesis aislada P. LXVIII/2011 (9a.) PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Tesis aislada P. LXVII/2011(9a.) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.

Tesis aislada III.4o.(III Región) 2 K (10a.) CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.

Tesis aislada III.4o.(III Región) 5 K (10a.) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERCERLO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES.

Tesis aislada III.4o.(III Región) 1 K (10a.) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. DEBE EJERCERSE DE OFICIO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tesis aislada VI.1o.A.5 K (10a.) DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.

Tesis JURISPRUDENCIA I.9o.P. J/1 (10a.) SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y 1a./J. 26/2003).

Tesis aislada XVI.1o.A.T.1 K (10a.) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA, DEBEN EFECTUARLO RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE AMPARO.

Tesis aislada VI.1o.A.7 A (10a.) DERECHOS HUMANOS. EL RELATIVO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA DEBE SER ANALIZADO A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE FAVOREZCA EN TODO MOMENTO A LAS PERSONAS (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL -PRINCIPIO PRO HOMINE-).

Tesis aislada VI.1o.A.19 A (10a.) DERECHO HUMANO DE PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TUTELARLO Y A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE O PROHOMINE DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE SI LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTAMENTE AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN QUE LE NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA.

Tesis aislada XVIII.3o.1 K (10a.) PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS.

Tesis aislada VI.1o.A.18 A (10a.) RENTA. LA INTERPRETACIÓN QUE ATENTO AL PRINCIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONAE SE HAGA DEL ARTÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO, PARTE FINAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO LLEGA AL EXTREMO DE ESTABLECER VERDADEROS SUPUESTOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA QUE CARECEN DE SUSTENTO LEGAL.

Tesis aislada 2a. XXXIV/2012 (10a.) DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE SOBRE ÉSTOS CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Así mismo, los proyectos de resolución y los engroses contienen ya en análisis y contraste de los derechos humanos reconocidos vía tratados internacionales. Así por mencionar los casos más sonados del último año, las acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009 sobre personalidad desde la concepción, el amparo directo 28/2010, conocido como el caso La Jornada vs. Letras Libres o el amparo directo en revisión 517/2011 de Florence Cassez.

*Por favor, si echas de menos alguna tesis o asunto relevante para la interpretación de las reformas, coméntalo abajo para que se incluya. Gracias*

Un breve recuento de lo que me parece más importante de las dos reformas:

Se cambia la denominación de garantías individuales por la de derechos humanos, la cual no es sólo de nombre, sino se trata de un concepto mucho más amplio:

El concepto de “garantías individuales” que nuestra Constitución refiere ha sido rebasado por el desarrollo de la teoría de la constitución y el Derecho internacional y el uso preferente en dichas áreas de los conceptos de derechos humanos y derechos fundamentales. Se dice que la diferencia entre los primeros y los segundos estriba en que los derechos humanos son inherentes a la persona, no son otorgados por el Estado sino reconocidos por éste, es decir son universales y anteriores. Los derechos fundamentales son aquellos que la sociedad regulada a través de una Constitución considera básicos o fundamentales para su convivencia y suelen coincidir con los derechos humanos, aunque pueden ser más. Los derechos humanos no necesitan encontrarse positivados en una ley para ser exigidos. Entonces el problema consiste no en poseerlos, sino en hacerlos valer, es decir tener medios para exigirlos, o garantías.

En México, el Constituyente de 1917 para nombrar al título I, optó por el término “Garantías Individuales” cambiando el de “Derechos del Hombre” que refería la de 1857. La razón fue que durante esta época la concepción del Derecho se basaba en teorías positivistas (Kelsen) o decisionistas (Schmitt) que justificaban esta idea y rechazaban el iusnaturalismo. Es ya clásica la aclaración sobre el concepto que hiciera el constitucionalista Jorge Carpizo: “mientras que los derechos del hombre son ideas generales y abstractas, las garantías, que son su medida, son ideas individualizadas y concretas.” El problema del término dela Constituciónde ’17 y con el que vivimos hasta hoy, es que se refiere a las garantías que el Estado mexicano otorga y no a un concepto amplio de derechos que nos pertenecen por el solo hecho de ser personas. De manera que nuestros derechos se limitan a las garantías que el Estado nos da por la vía normativa (lea el artículo 1° y lo verá).

También, la reforma amplía derechos en la medida en que se incluyen a nivel constitucional todos los reconocidos por la vía de los tratados internacionales, ello implica que podrán controlarse las normas y actos respecto de su conformidad con todos estos derechos y no sólo con las garantías individuales, como hasta ahora.

A través de la reforma se establece un bloque de constitucionalidad, es decir, se logra la sistematización jurídica de todas las normas materialmente constitucionales, esto es, todas aquellas normas que por su materia, tienen carácter constitucional (derechos humanos u organización del Estado). Antes, esto debía ser definido porla Suprema Cortepor la vía interpretativa (jerarquía de tratados, objeto del Juicio de Amparo o facultades dela Comisión Nacionalde los Derechos Humanos con respecto ala Acciónde Inconstitucionalidad) ahora la norma constitucional, textualmente, reconoce todos los derechos humanos como jerárquicamente iguales que ella.

Se introducen principios para la interpretación de los derechos tales como: el pro homine, que establece que la interpretación jurídicaØ siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la interpretación extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos (amparo en revisión 307/2007), así como la interpretación conforme, la que implica que cuando el intérprete tenga varias posibilidades para interpretar una norma, deberá privilegiar aquella que mejor se apegue ala Constitución. En este caso, la que mejor se apegue a las normas sobre derechos humanos (amparo directo en revisión 917/2009).

Se precisa la vinculación directa de las autoridades a los derechos y la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, ello implica que los derechos son inmediatamente vigentes y que éstos deberán ser tomados en consideración siempre en el desarrollo de las tareas propias de cada autoridad, es decir, no hace falta una norma que se los especifique. Además, la autoridad deberá respetar siempre los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad al concretizar los derechos. Ello quiere decir que los derechos son para todos sin excepción, los derechos se encuentran encadenados y dependen unos de otros, los derechos no pueden reconocerse de manera fragmentada y debe prohibirse cualquier retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos.

Se apuntala lo anterior, mediante la obligación al Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Se trata de una garantía de protección jurisdiccional de los derechos reconocidos donde caben el juicio de Amparo o el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Esto implica que, por un lado, la autoridad no solamente debe abstenerse de limitar y permitir el ejercicio de los derechos, sino que además debe realizar acciones positivas para protegerlos. La autoridad deberá realizar tareas para prevenir las violaciones a los derechos, ello implica que en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades deberán promover su respeto. La adición de éste párrafo al artículo 1° requerirá de ulterior desarrollo vía una ley reglamentaria, especialmente para efectos de la reparación.

Lo anterior, implica no solamente el reconocimiento del principio de vinculación a los derechos humanos, materiales y formales, sino el ingreso formal de la función objetiva de los derechos en el sistema mexicano. Esto implica que los derechos ya no son entendidos simplemente como garantías frente al Estado, sino que son vistos como valores que irradian a todo el sistema jurídico. Es decir, en el ejercicio de las competencias legislativas, ejecutivas o jurisdiccionales, la autoridad sólo podrá actuar dentro del ámbito permitido por los derechos. Con esta inclusión los derechos se convierten en barreras o en normas de competencia negativa. Con ello cambia la perspectiva, los derechos continúan siendo garantías para la persona, mientras que para el Estado, se convierten en límites. Por otro lado, la concepción valorativa de los derechos implica que éstos serán entendidos como decisiones de valor objetivo bajo los cuales el orden jurídico debe crearse, aplicarse e interpretarse. Se entiende pues que los derechos son el sistema de valores de la comunidad y que el Estado es responsable de ellos. Y esa responsabilidad, implica, también, acciones positivas por parte de las autoridades.

A través de esta reforma se traslada ala Comisión Nacionalde los Derechos Humanos (CNDH) la facultad de investigación de violaciones graves a las garantías individuales (con la reforma se cambia también la denominación) que hasta ahora pertenece ala Suprema Corte(artículo 97). Con esta modificación se libera ala Cortede una facultad que hasta ahora minaba su legitimidad, y se amplía el alcance dela CNDHen su tarea defensora, otorgándole también la facultad de presentar las denuncias correspondientes. Además se establece que las autoridades estarán obligadas a fundar, motivar y hacer pública su negativa a las recomendaciones, lo cual refuerza el trabajo dela CNDHy afianza la idea del poder de la opinión pública detrás del Ombudsman.

Todo lo anterior se vincula directamente con el rediseño del juicio de Amparo, pues se amplía el objeto del recurso al incluirse las violaciones a los derechos humanos reconocidos por la vía de los tratados internacionales. Además, ahora el Amparo podrá interponerse no sólo contra actos y leyes, sino contra normas generales (concepto más amplio) y contra omisiones de la autoridad, ello se traduce en la garantía jurisdiccional de la vinculación de las autoridades a los derechos humanos que se modifica en el artículo 1° y que arriba comenté.

Otra novedad de la reforma es la figura del interés legítimo. Antes, para poder participar en un proceso de Amparo, se debía demostrar que el derecho lastimado estaba protegido por alguna norma, por ello se llamaba interés jurídico. El cambio significa que con la reforma se podrá reclamar por la vía del Amparo la potencial violación a un derecho que debería estar protegido por la ley (ver también El nuevo juicio de amparo del Ministro Cossío en El Universal).

Un cambio ineludible era el del principio de relatividad de las sentencias o lo que es conocido como la fórmula Otero que reza: las sentencias de amparo se ocupan de individuos particulares y no tienen efectos generales. Con la reforma,la Cortepodrá –después de dos sentencias- emitir una declaración general de inconstitucionalidad de una norma general que viole derechos, lo que garantiza la unidad y la coherencia del sistema jurídico. Una de las cuestiones que preocupan en el tema del Amparo de los Intelectuales sería precisamente los efectos de declarar inconstitucional una reforma constitucional por la vía del Amparo.

Hasta aquí los cambios que me parecen más significativos, sin que ello quiera decir que las demás modificaciones e innovaciones sean menores. Más bien se trata de cuestiones de detalle o técnicas.

Ambas reformas hacen justiciables los derechos humanos reconocidos vía tratados, esto quiere decir que adquieren protección y reconocimiento a nivel constitucional y que podrán ser objeto del juicio de Amparo o dela Acciónde Inconstitucionalidad.

Con esta reforma -y su correcta implementación- México entrará de lleno al escenario internacional y contemporáneo de la protección de los derechos humanos. Es cierto que la reforma por sí sola no generará ningún cambio si los destinatarios de ella no la hacen realidad, pero la verdad es que la Constituciónes una norma de todos, no sólo de las autoridades. De manera que si queremos vivir verdaderamente en el tiempo de los derechos (Norberto Bobbio), nosotros, los titulares de ellos, debemos ser los responsables de cuidar y exigir la garantía de los derechos, y no sólo de los nuestros, sino de los de todos.

Para hacer realidad la norma constitucional, hay que hacerla vigente y efectiva, es decir, entenderla como un acto de voluntad siempre actual y no solamente como un acto legislativo. Una Constitución no es más que la formulación de lo que a través del consenso se logra en una asamblea constituyente. En realidad la vigencia dela Constitución descansa en la fuerza normativa de ésta, es decir, en su capacidad de regular y disponer efectivamente en la realidad.

Por ello, hace falta no solamente que los legisladores hagan su trabajo y emitan las leyes necesarias, sino que además adecuen todas aquellas que contradicen la reforma. Es indispensable que todos los legisladores dela Repúblicahagan lo mismo. Se requiere que los jueces de todos los niveles y de todos los ámbitos hagan el examen de constitucionalidad (que incluye convencionalidad) cada vez que interpretan una norma. Es necesario que las autoridades administrativas en cada acto y en cada norma que emitan, tomen en consideración la jerarquía normativa. Se precisa que cada abogado o defensor exija una interpretación acorde conla Constitución, aún y cuando se trate de normas administrativas. Es conveniente que cada persona esté conciente de los derechos que tiene, que se apropie de ellos, que los exija en cada relación con la autoridad.

Las reformas, las normas jurídicas, no son varitas mágicas, se requiere voluntad de hacerlas valer. Por ello, si aspiramos a ser un Estado constitucional, debemos tomárnoslo en serio. En estas líneas, reconozco a la Corte, la que a pesar del escepticismo de algunos de sus ministros[1], se ha tomado muy en serio la reforma, a diferencia de los legisladores y el Gobierno Federal.

Desde…

http://www.animalpolitico.com/blogueros-treinta-y-siete-grados/2012/06/06/a-un-ano-de-las-reformas-constitucionales-un-recuento/#axzz2Ouh6I8Wc