POR Pedro Salazar Ugarte y Natalia Saltalamacchia Ziccardi

I
Una madrugada de abril un grupo de seis policías y militares irrumpió violentamente en la casa de la familia Avellaneda preguntando por el padre, Floreal Avellaneda. Floreal alcanzó a huir por los techos pero su familia quedó a merced del grupo operativo que los encapuchó, se apropió de diversos objetos y se llevó a la esposa, Iris Pereyra, y al hijo de 14 años, Floreal Edgardo Avellaneda. Con los ojos vendados fueron introducidos bruscamente en un automóvil que los condujo a la comisaría en donde ambos fueron torturados con descargas eléctricas y simulacros de fusilamiento. Floreal Edgardo falleció durante la sesión de tormentos.1

Era una noche de octubre cuando policías vestidos de civil entraron en el domicilio de Flora Guevara Ortiz, requisaron el lugar y exigieron a ella y a sus cuatro hijos menores de edad información sobre un individuo cuyo nombre ellos desconocían. Cuando uno de los menores preguntó por la orden de allanamiento los policías respondieron con puñetazos y golpes de fusil. Todos fueron obligados a subir a un vehículo con otros policías que continuaron asestándoles patadas y golpes durante 30 minutos hasta llegar a la estación. Guevara fue golpeada y amenazada con que matarían a su hijo si no les proporcionaba la información que buscaban. “De todos modos nadie se va a dar cuenta”, le dijeron los miembros de las fuerzas de seguridad.2

derechos

Dos casos similares de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tratos crueles e inhumanos. Dos mujeres sometidas al horror de presenciar el sufrimiento de sus hijos adolescentes. Dos grupos policiales que lejos de resguardar la integridad física y la seguridad de estas personas las vulneran. El escenario podría ser el mismo, pero no lo es: lo primero ocurrió en Argentina en el año 1976; lo segundo sucedió en México, en el estado de Guerrero, en 2010. Si en la dimensión personal el dolor y el miedo son iguales, ¿cuál es la diferencia entre las dos situaciones?

Por ejemplo, ¿tiene alguna importancia que en el primer caso se buscase a un militante del Partido Comunista y en el segundo a un miembro del crimen organizado? ¿Hace alguna diferencia que lo primero haya ocurrido en el contexto de una dictadura militar y lo segundo dentro del marco de un pretendido Estado democrático constitucional de derecho? ¿Cuántos casos de abusos a los derechos fundamentales se tienen que acumular para hablar de crisis humanitaria o crímenes de lesa humanidad? ¿Quién tiene que haberlos cometido? En resumidas cuentas, ¿cuáles y de qué naturaleza son las distancias entre los 30 mil detenidos-desaparecidos registrados durante los siete años del Proceso de Reorganización Nacional de Argentina o las 69 mil víctimas fatales del conflicto armado en Perú (1980- 2000) y los más de 50 mil casos de homicidio registrados durante estos casi seis años de lucha contra el narcotráfico y el crimen en México? Si la discrepancia, claramente, no está en la magnitud de los números ni en la dimensión humana del sufrimiento de las víctimas, vale la pena preguntarse en dónde radica. Así como también parece necesario cuestionarse sobre el significado de las semejanzas y de las diferencias de cara al procesamiento político y judicial de esos hechos lamentables.

El caso argentino, por ejemplo, invita a reflexionar sobre cómo una sociedad puede procesar estos niveles críticos de violencia. El expediente de la familia Avellaneda es cosa juzgada y seis personas fueron condenadas en 2009 —33 años después— mediante un proceso de justicia penal ordinaria pero utilizando categorías construidas en el derecho internacional como la de “crímenes de lesa humanidad” e incluso la de “genocidio”. Para marzo de 2012, 273 personas habían sido condenadas por hechos acaecidos en los años setenta y encuadrados dentro de esas categorías y 875 más se encontraban bajo proceso según información oficial de la Procuración General de la Nación. Sin embargo, para que ello fuera posible la sociedad Argentina tuvo que transitar primero un largo camino de reconciliación, de construcción de la memoria del terror y de innovación de mecanismos judiciales de rendición de cuentas para juzgar los crímenes del pasado. Además, fue determinante una clara decisión política, liderada desde la presidencia de la República, para superar resistencias, neutralizar obstáculos jurídicos —como las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida— e impulsar las causas judiciales. En paralelo, además, ha sido fundamental el compromiso de una mayoría de ministros de la Corte Suprema de la Nación. Sin esa pinza entre la política y el derecho esos juicios habrían sido imposibles.

El propósito de este ensayo es pensar la situación de violencia a gran escala, difusa y en ascenso que está viviendo nuestro país a la luz de otras experiencias nacionales haciendo énfasis en el tema de las responsabilidades y de la justicia ante las violaciones de derechos humanos cometidas. No pretendemos realizar un ejercicio sistemático de política comparada sino plantear un mapa de dilemas e interrogantes. Tampoco pretendemos ofrecer una respuesta acabada al complejo tema de cómo se procesará la violencia del presente en el futuro y una vez que el drama en el que estamos atrapados desde hace un lustro se convierta en una etapa del pasado. De hecho, dado que no sabemos cuándo y cómo declinará la tendencia violenta, esta es apenas una primera aproximación al tema. Asumimos como premisa que la gravedad de lo que sucede en México tendrá que ser procesado de muchas maneras. Nuestro objetivo es colocar la lupa en uno de los expedientes a través de los cuales es previsible que se exija la rendición de cuentas: la justicia institucional. Pensamos que es importante identificar quién puede ser responsabilizado por violar derechos humanos, así como considerar cuál es el impacto del diseño federal del Estado mexicano en este tema. Abordar ambas cuestiones pueden ser útil para dar luces sobre las rutas que puede seguir la impartición de justicia.

Es un hecho que hasta ahora la impunidad ha imperado, por lo que no han rendido frutos las vías que ofrece la justicia penal ordinaria para acusar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia. También sabemos que un grupo numeroso de personas acudió a la Corte Penal Internacional para denunciar al presidente Calderón y a Joaquín Guzmán Loera (El Chapo) por crímenes de lesa humanidad en noviembre de 2011. Pensamos que la primera ruta, precisamente por su ineficacia, puede resultar insuficiente en el largo plazo y que la segunda no es —al menos no ahora y no como fue planteada— el camino para deslindar responsables. Ello no supone que tengamos la respuesta y hayamos identificado la vía jurídico-política para juzgar lo que está sucediendo en el México de hoy. La realidad es demasiado compleja y los caminos del derecho son poco claros. Pero estamos convencidos —y ésa la razón de ser de este ensayo— de que los mexicanos debemos empezar a indagar cómo vamos a procesar tanto dolor, si queremos hacerlo a través de la justicia civilizatoria del derecho y sin abandonar la democracia.

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